La Constitución de 1.978 establece los grandes principios que habrán de inspirar la administración de Justicia en España, complementados con el reconocimiento de importantes derechos ciudadanos y con una serie de normas referidas a la organización del poder judicial:

• Legalidad: Los delitos y las penas deben estar regulados por la ley.
• Jerarquía de Normas: Reconociera la subordinación de unas normas jurídicas, respeto la otras de rango superior.
• Publicidad de Normas: Las leyes nuevas deben ser conocidas polos ciudadanos.
• Irretroactividad: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento en el que se producen no son delito.
• Seguridad jurídica: Se determinan los procedimientos, los casos y la forma de la que se podrá privar la una persona de libertad.
• Garantías procesales: Toda persona tiene derecho la una serie de garantías y tutelas.
• Garantías penitenciarias: A Constitución reconoce la orientación de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad hacia reeducación y reinserción social.
• Unidad Jurisdiccional: Se prohíben los tribunales de excepción, de honor y se limitan los ejercicios de la jurisdicción militar.
• Inmovilidad de los jueces: No podrían ser separados, suspendidos ni jubilados.
• Independencia de los jueces: Los jueces y magistrados no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos mientras estén en activo.
• Derechos económicos: Se garantiza la gratuidad de la justicia cuando lo disponga la ley.
  

Poder Judicial

Constitución de 1978, Título VI