Montesquieu, en el siglo XVIII, propuso la idea de dividir el poder del Estado en tres para evitar arbitrariedades y abusos de poder (como sucedía en las monarquías absolutas del antiguo régimen): unos deciden qué hacer y lo expresan en leyes: poder legislativo, otros son los que ponen en práctica o ejecutan esas leyes: poder ejecutivo o gobierno y unos terceros vigilan y obligan a que se cumplan esas leyes: poder judicial.
La Constitución española asume esta idea y organiza el Estado dividiendo el poder en tres.  Además, todos los responsables de ejercer estos poderes deben ser elegidos por el pueblo soberano: elegimos directamente a los legisladores, éstos —el Congreso, exactamente— eligen al Presidente del Gobierno, quien nombrará a su equipo de trabajo, los Ministros,  y entre el poder legislativo y el poder ejecutivo elegirán al órgano o consejo de gobierno del poder judicial. Los 12 magistrados que forman el Tribunal Constitucional son elegidos por los 3 poderes, en diferente proporción.