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La Constitución de 1.978 establece los grandes principios que habrán de inspirar la administración de Justicia en España, complementados con el reconocimiento de importantes derechos ciudadanos y con una serie de normas referidas a la organización del poder judicial:

- Legalidad: Los delitos y las penas deben estar regulados por la ley.
- Jerarquía de Normas: Reconociera la subordinación de unas normas jurídicas, respeto la otras de rango superior.
- Publicidad de Normas: Las leyes nuevas deben ser conocidas polos ciudadanos.
- Irretroactividad: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento en el que se producen no son delito.
- Seguridad jurídica: Se determinan los procedimientos, los casos y la forma de la que se podrá privar la una persona de libertad.
- Garantías procesales: Toda persona tiene derecho la una serie de garantías y tutelas.
- Garantías penitenciarias: A Constitución reconoce la orientación de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad hacia reeducación y reinserción social.
- Unidad Jurisdiccional: Se prohíben los tribunales de excepción, de honor y se limitan los ejercicios de la jurisdicción militar.
- Inmovilidad de los jueces: No podrían ser separados, suspendidos ni jubilados.
- Independencia de los jueces: Los jueces y magistrados no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos mientras estén en activo.
- Derechos económicos: Se garantiza la gratuidad de la justicia cuando lo disponga la ley.

# Poder Judicial

### Constitución de 1978, Título VI